La positivización de la ética profesional

Por: Ramiro Prieto

La humanidad transita por tiempos en donde la sobredimensión de la propiedad,  la cultura del descarte, el placer inmediato, el consumo excesivo y la acumulación desmedida, se han convertido en pilares fundamentales de las sociedades contemporáneas.

Lo dicho, en tanto fenómeno social también condiciona las relaciones sociales entre los individuos a nivel personal, familiar y profesional.

La concepción de las relaciones humanas desde el enfoque de la propiedad (“lo mío”, “lo tuyo”, “lo nuestro”), la meritocracia como objetivo profesional, la competencia feroz como forma de relacionamiento profesional entre pares y el deseo de poder por cuestiones de status social, son algunas de las cuestiones a las que la humanidad y los individuos nos enfrentamos en la actualidad.

Los postulados éticos que se sustentaban en otros momentos de la historia han quedado relegados o en desuso frente a las actitudes o posturas que rodean los modernos objetivos del Siglo XXI, fomentados por los grandes medios de comunicación y la sociedad de consumo.

Los parámetros éticos, más o menos aceptados uniformemente por las sociedades occidentales, los cuales por lo general, se encontraban subyacentes en todas las relaciones personales, familiares y profesionales de los individuos, han transitado a la necesidad de ser documentados, escritos y codificados como forma de ponerlos en valor y hacerlos respetar. 

La palabra ya no “vale” y la conciencia del rol que los individuos y específicamente los profesionales ocupan como actores en la sociedad parece haber quedado limitada al mero cumplimiento de disposiciones contractuales o normativas. 

En efecto, la ética profesional transita un camino desde lo subyacente e intangible, hacia su documentación y codificación, como forma de garantizar su cumplimiento y de resaltar y castigar el apartamiento a dichos parámetros. 

Esta positivización de las actitudes éticas (por ejemplo inherentes a cada profesión), se ha convertido en el instrumento más útil para alcanzar cierta uniformidad de criterios aplicables a la práctica profesional y para respaldar los cuestionamientos de aquellas actitudes que se reputan contrarias a las mismas, permitiéndole a los colectivos profesionales implicados ejercer posteriores sanciones.

La proliferación de normativa al respecto (por ejemplo para el desempeño de la función pública) y la aparición de los Códigos de Ética (a nivel de la medicina abogacía, escribanía entre otras profesiones), así como la constitución de Comisiones de Ética en diversos rubros como instrumentos institucionales en donde los colectivos implicados someten a decisión cuestiones de dicha índole, son una demostración cabal de lo señalado.

Al día de hoy lo subyacente o inherente a la profesión no es garantía para su cumplimiento, y el repudio social no es suficiente en tiempos de posverdad, por lo cual se instaló la necesidad de construir institucionalidad para avalar “lo ético” o condenar “lo anti-ético” en el desarrollo de una determinada actividad profesional.

Nos enfrentamos a un tiempo, en donde las actitudes humanas (correctas o incorrectas) se valoran casi exclusivamente por la existencia de una norma jurídica prohibitiva y por lo tanto se ponderan acorde a su ajuste o no a las mismas, dejando en segundo plano si las mismas cumplen o no con postulados éticos. 

La legalidad del accionar humano, ha desplazado a aquellos valores que nos rigen como sociedad o colectivo, siendo estos los que deben primar como instrumentos para el correcto relacionamiento humano y  ejercicio de las actividades profesionales.

El imperativo dominante como sociedad, parece partir de la premisa consistente en que el ajuste de la conducta de los terceros (de los otros) a las reglas éticas debe medirse de forma rígida e inflexible y su apartamiento debe ser penalizado severamente; en cambio, las conductas propias, aparecen frente a los mismos parámetros éticos, como flexibles o “estirables”.

Parece que necesitamos como sociedad que una institución nos identifique lo que es ético de lo que no lo es y que se apoye en parámetros documentados para evitar cuestionamientos. Sometemos a su dictamen cuestiones que tal vez son de Perogrullo: como por ejemplo, dictaminar si es “antitético” ser Intendente Municipal y que la Intendencia compre combustible en su propia empresa; o si es “antitético” utilizar los medios de pago de una empresa pública para realizar gastos personales; o si es “anti ético” ser funcionario público y aumentarle el sueldo a un familiar directo; o que dictamine sobre si un profesional puede al mismo tiempo asesorar a una institución controlante y a su controlada al mismo tiempo; o como debe desempeñarse un profesional con sus clientes o sus pacientes entre otras cuestiones.

Dicha realidad se pone de manifiesto, ya que insólitamente frente a las situaciones planteadas, se han alzado voces en defensa de la legalidad de dichas conductas relegando la valoración ética de las mismas. 

Asimismo, en alguno de estos casos efectivamente la legalidad ha triunfado por sobre la ética profesional, en tanto las conductas señaladas no revestían de prohibición jurídica expresa, por lo que no han tenido ninguna consecuencia para los involucrados que en algunos casos continúan desempeñando sus funciones.

Como podrá notarse, la propia realidad mundial nos ha aparejado el repliegue de la ética frente a lo jurídico, por lo que la uniformidad de criterios que permite la normativización o codificación de la ética, se convierte en la actualidad en un instrumento que permite valorar el accionar profesional de forma más o menos uniforme y sin necesidad de demasiadas polémicas.

La positivización de la ética, (aunque tal vez no deseada) implica el necesario reconocimiento de la sociedad en que vivimos, en donde la primacía de lo que es “legítimo” o “legal” con independencia de lo ético es cada vez más admisible.

Por lo tanto, a través de la sanción de Códigos de Ética, se convierten las actitudes y conductas éticas, en normativa pasible de ser sancionable frente a su incumplimiento, y se crean Comisiones de Ética o Instituciones Públicas para deliberar y decidir al respecto, con el objetivo de quitar la valoración de las conductas de la esfera subjetiva de cada individuo.

La positivización de la ética es el resultado del mundo en que habitamos y de la sociedad que hemos construido, los postulados éticos hoy necesitan legitimación para su puesta en valor. En tiempos de posverdad, en donde no importa el contenido del mensaje y su veracidad, sino que lo relevante es de quien proviene, hemos instalado como sociedad la necesidad de que la ponderación de conductas desviadas desde un enfoque ético profesional, requieran de una institución o comisión que nos lo refrende, cuando los mismos deberían ser postulados compartidos y comunes por toda la comunidad.

Ramiro Prieto es Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UDELAR) y Maestrando en Derecho Administrativo Económico (Universidad de Montevideo). Aspirante a Profesor Adjunto de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo (UDELAR).

Esta columna fue publicada el 28 de agosto de 2019 en la edición papel del Diario Jornada.